Colombia impidió entrada a 105 extranjeros por turismo sexual infantil.

Durante 2025, especialmente en los últimos seis meses, Colombia ha fortalecido significativamente sus controles migratorios para combatir el turismo sexual que involucra menores de edad. Como resultado de estas medidas, Migración Colombia logró impedir el ingreso al país de 105 ciudadanos extranjeros.

Esta cifra representa un importante avance en la protección de niñas, niños y adolescentes colombianos, quienes son víctimas de una de las formas más aberrantes de explotación. El turismo sexual infantil es un delito que aprovecha la vulnerabilidad de los menores y genera graves daños físicos y psicológicos en las víctimas.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia implementó protocolos más estrictos en los puntos de entrada al país, incluyendo aeropuertos y fronteras terrestres. Estos controles permiten identificar a personas que podrían tener antecedentes relacionados con delitos sexuales o que presenten perfiles de riesgo para la explotación de menores.

Las autoridades migratorias trabajan en coordinación con otras entidades del Estado, incluyendo la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para crear una red de protección integral. Esta estrategia busca no solo prevenir el ingreso de potenciales agresores, sino también fortalecer los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas.

El fenómeno del turismo sexual infantil ha sido una preocupación constante en Colombia, especialmente en destinos turísticos como Cartagena, Medellín y algunas zonas costeras. Los delincuentes aprovechan las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social para explotar a menores de edad, convirtiendo el turismo en una fachada para actividades criminales.

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno Nacional para combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y recuerdan que la explotación sexual infantil es un delito grave que será perseguido con todo el rigor de la ley.

Los resultados obtenidos durante 2025 demuestran la efectividad de los controles implementados y el compromiso del Estado colombiano con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.