El Ministerio del Interior rechazó categóricamente las amenazas proferidas por las disidencias de alias "Iván Mordisco" contra Viviana Vargas Ávila, contratista de la Dirección de Derechos Humanos, y el viceministro para el diálogo social, Gabriel Rondón.
Según el comunicado oficial, los grupos armados ilegales que operan en el sur del país, particularmente en el departamento del Guaviare, declararon a ambos funcionarios como "objetivos militares" y anunciaron la intención de someterlos a un supuesto "juicio revolucionario".
Contexto de las amenazas
El viceministro Rondón explicó que las intimidaciones responden al trabajo que el gobierno ha realizado con comunidades en zonas históricamente abandonadas por el Estado, como la formalización de Entidades Territoriales Indígenas (ETIs), acciones que "le quitan legitimidad a los grupos armados".
"No le tenemos miedo a las amenazas. Seguiremos trabajando desde la institucionalidad para darle mejores garantías a las personas en territorio. Estos son grupos de terroristas y paramilitares que quieren someter a la gente", afirmó Rondón en un video difundido por la cartera.
Medidas de protección activadas
El Ministerio del Interior solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de las amenazas. Asimismo, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y las autoridades territoriales activar una ruta de protección integral que garantice la seguridad del viceministro, de la contratista y de sus familiares.
Viviana Vargas: defensora de derechos humanos con dos frentes de adversidad
Este caso adquiere mayor relevancia al recordar que Viviana Vargas Ávila es la misma funcionaria que en octubre de 2024 denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de Diego Cancino, entonces viceministro del Interior y actualmente presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En aquella ocasión, el ministro Juan Fernando Cristo manifestó su respaldo total a Vargas y reconoció su valentía al presentar la denuncia. El Ministerio renovó su contrato el 24 de octubre de 2024, ratificando su compromiso con su trabajo en la formulación de políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana.
Ahora, meses después, Vargas enfrenta amenazas de muerte por su labor como defensora de derechos humanos en territorios de alta conflictividad armada.
Pronunciamiento presidencial
El presidente Gustavo Petro se refirió al caso el pasado 11 de diciembre en su cuenta de X: "Alias Iván Mordisco decidió iniciar juicio 'revolucionario' contra Viviana Vargas y contra mí. He decidido respaldar el proceso por genocidio contra comunidades indígenas contra Iván Mordisco y presentarlo a la Corte Penal Internacional".
El Ministerio del Interior reiteró que "ejercer liderazgos sociales y defender los derechos humanos en Colombia no puede significar un riesgo para la vida" y reafirmó su compromiso para garantizar entornos seguros a quienes dedican su vida a luchar por los derechos de todos los colombianos.
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