Un grupo de trabajadores guajiros protagonizó una protesta pacífica en el muelle de Riohacha para exigir mayor contratación de mano de obra local en empresas que operan en el departamento, según reportó La Guajira Hoy. Los manifestantes denuncian un patrón de desplazamiento laboral que afecta a los habitantes del territorio.
La inconformidad se concentra específicamente en una empresa filial de Hocol, a la que los trabajadores acusan de priorizar personal foráneo sobre trabajadores locales. Según los voceros de la protesta, varios guajiros han sido excluidos de oportunidades laborales por personas que, aunque presentan certificados de residencia, no residen realmente en el distrito.
Los trabajadores explicaron que cumplieron con todos los procesos de inscripción y requisitos exigidos, pero aun así quedaron excluidos de las convocatorias. La situación se agrava considerando que La Guajira es una región históricamente golpeada por altos índices de desempleo, donde estas oportunidades representan el sustento de familias enteras.
La protesta actual tiene antecedentes inmediatos. El pasado 29 de diciembre se realizó una manifestación similar en el campo técnico de la calle 15, donde se lograron acuerdos que, según los trabajadores, no fueron cumplidos por las empresas. Ante la falta de respuesta, desde las 2:30 de la madrugada retomaron la protesta, bloqueando la vía de acceso hacia el sector de Ballenas.
Entre 40 y 50 trabajadores participaron activamente en la manifestación, respaldados por asociaciones del sector metalmecánico que agrupan cerca de 400 afiliados. Los protestantes permanecieron en el lugar de forma organizada, realizando allí sus actividades diarias como muestra de resistencia pacífica.
Los trabajadores denuncian que las empresas estarían incumpliendo la Ordenanza 575 de 2023, expedida por la Asamblea de La Guajira, que busca proteger el empleo local obligando a contratar un porcentaje significativo de mano de obra guajira. También señalan presuntas irregularidades en la expedición de certificados de residencia.
Ante las denuncias, la empresa indicó que estudiará cada hoja de vida para determinar posibles inconsistencias y realizar las correcciones necesarias. Tras un diálogo posterior, los trabajadores decidieron levantar la protesta.
Este conflicto refleja una tensión recurrente en regiones con actividad extractiva, donde las comunidades locales esperan beneficiarse directamente de los recursos explotados en sus territorios. La implementación efectiva de normativas como la Ordenanza 575 será clave para determinar si es posible equilibrar los intereses empresariales con las demandas legítimas de empleo local en una región que enfrenta desafíos socioeconómicos estructurales.
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