Fiscalía desmantela red que simuló operaciones por $843.000 millones mediante facturas falsas.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas presuntamente responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudado y redujeran la base gravable de la renta, generando un perjuicio al Estado que puede superar los $155.000 millones.

Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades y se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano ni operativo para sustentar las operaciones detectadas por la Fiscalía.

Operaciones millonarias simuladas

La investigación de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales determinó que entre 2012 y 2022 esta red criminal habría simulado operaciones comerciales por más de $843.164 millones de pesos.

Con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se estableció que ninguna de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.

Los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente por sus servicios de venta de facturas falsas.

Capturados y cargos

Entre los procesados se encuentran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes tendrían roles como coordinador societario y financiero, intermediaria y representantes legales de las compañías.

Las capturas se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Bogotá y Casanare. La Fiscalía les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.

Lavado de activos adicional

Adicionalmente, uno de los indiciados, Jairo Bernal, entre 2014 y 2025 habría administrado, custodiado y transformado recursos por más de $21.744 millones de pesos, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero.

Por decisión de un juzgado penal con función de control de garantías, los procesados fueron afectados con medidas privativas de la libertad: cinco de ellas en sus domicilios y una en centro carcelario. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.