Fiscalía embarga bienes por $65.900 millones a implicados en escándalo de "Centros Poblados" de MinTIC.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal "Centros Poblados", destinado a dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país.

Las propiedades afectadas, que superan en valor los $65.900 millones de pesos, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.

Bienes adquiridos con recursos ilícitos

Los elementos materiales probatorios indican que los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal "Centros Poblados".

Exministra Karen Abudinen también afectada

Adicionalmente, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, también se aplicó medida cautelar a un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio son de carácter exclusivamente jurídico y buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.

Mezcla de recursos lícitos e ilícitos

Las medidas se adoptaron con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados. La investigación evidenció que fueron combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal "Centros Poblados" como instrumento para la comisión de las irregularidades.

El caso de "Centros Poblados" se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más significativos del sector tecnológico colombiano, involucrando recursos públicos destinados a mejorar la conectividad en zonas rurales del país.