Fiscalía embarga bienes por $7.300 millones a mujer extraditada por narcotráfico.

La Fiscalía General de la Nación ordenó el embargo de 12 bienes valorados en más de 7.300 millones de pesos que pertenecerían a Valentina Forero Álvarez, una mujer extraditada a Estados Unidos por blanquear dinero proveniente del tráfico de cocaína desde Colombia.

Los bienes embargados incluyen seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos comerciales ubicados en Armenia (Quindío), Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca). Según las investigaciones, estas propiedades estaban registradas a nombre de familiares, personas cercanas y empresas de fachada para ocultar su origen ilegal.

¿Cómo funcionaba el esquema?

De acuerdo con la Fiscalía, las personas que aparecían como dueñas de estos bienes no tenían la capacidad económica ni financiera para haberlos adquirido legalmente. Esta estrategia buscaba darle apariencia de legalidad a los dineros obtenidos por la venta y distribución de drogas en el exterior.

Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025, donde enfrenta cargos por lavado de activos. La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares entre junio de 2022 y abril de 2023.

El proceso de extinción de dominio

La extinción de dominio es una herramienta legal que permite al Estado recuperar bienes que provienen de actividades ilegales, sin necesidad de que exista una condena penal previa. En este caso, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre las propiedades.

Este dinero ilegal fue canalizado a través del sistema financiero internacional y posteriormente transferido a Colombia, donde se invirtió en la compra de estos bienes que ahora pasarán a manos del Estado.

El caso evidencia cómo las redes de narcotráfico utilizan esquemas sofisticados para lavar dinero, involucrando a familiares y terceros para ocultar el verdadero origen de sus recursos. Con esta medida, la Fiscalía busca desarticular estas estructuras financieras que permiten que el dinero del narcotráfico se integre a la economía legal.